Editorial de Prensa sin censura
Todo comenzó con la victoria del Dr. Luis M. Irizarry Pabón en las elecciones del 2020. Por el Partido Popular Democrático (PPD) destronó a la novoprogresista María ‘Mayita’ Meléndez Altieri por más de 17, 000 votos, ganando todas las unidades electorales en la ciudad.
Esto fue algo nunca antes visto donde se ganó el distrito senatorial y los tres escaños a la cámara.
Por eso hay un gobierno compartido: el PNP en la Fortaleza y Washington y el PPD en las presidencias de Cámara y Senado.
Se perdió la gobernación por alrededor de 1, 000 votos. A los dos meses de juramentado el alcalde Irizarry Pabón, este le pide la renuncia al que dirigió la campaña y fue su coordinador de gabinete: Luis Báez Rodríguez.
Transcurrido el primer año, trasciende que como desquite por su salida del municipio, presuntamente Báez junto a personas interesadas en sacar a Irizarry Pabón de la alcaldía, con la creencia de poder ganar, se reúnen para orquestar cómo dañar la imagen y anular al alcalde para que en la próxima elección el PNP pueda reconquistar la poltrona y los distritos representativos.
Utilizan a un muchacho de nombre Jaime Santiago Batiz y como él ya ha indicado en algunos medios, le pidieron su celular y desde ahí escriben una acusación que envían a la oficina del Contralor y el Contralor a su vez la refiere a Justicia.
Este joven que, se generaliza en Ponce que padece de sus facultades mentales, ha dicho que le utilizaron su celular en contra de su voluntad. Él ha dicho que quien lo llevaba a las citas del fiscal de Justicia era un ayudante de una de las personas que está involucrada con la creación del caso.
La investigación la hace por Justicia el licenciado Pedro Mateo Casado, analista del PNP en WAPA Radio e hijo de la ex representante Elizabeth Casado.
Muchos de los testigos que fueron a Justicia han señalado la presión indebida de este fiscal y su insistencia a que dijeran las cosas como ellos querían guiarlos.
Finalmente, el Secretario de Justicia refiere el caso al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). Cuanta casualidad que dos semanas antes de emplazar y notificar al Alcalde, Pablo Colón le dijo en entrevista al periodista Luis Penchi que el FEI iba a encausar al alcalde.
De alrededor de 26 a 28 declaraciones de Fiscalía, solo 3 de ellas son en contra del alcalde: las demás son exculpatorias.
La fiscal Zulma Fuster, esposa de Leo Díaz, ex representante y derrotado candidato a Alcalde de San Juan por el PNP y además ex asesora legal de María ‘Mayita’ Meléndez Altieri, ex alcaldesa de Ponce, completa el andamiaje político partidista del PNP en contra del Alcalde Irizarry Pabón.
El 31 de Octubre de 2023 se celebró la vista preliminar para Regla 6 donde encuentran causa por la Juez Adriana Ruíz en el caso. Pero hubo contradicciones ante el testimonio del investigador Fonseca.
Se programa la vista preliminar para noviembre, pero el FEI inmediatamente dice que no puede hasta enero del 2024. En el ínterin fallece la presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives. Se programa para el 21 y 22 de enero de 2024 y se asigna al Juez Rubén Negrón.
Los abogados de defensa levantan la interrogante del magistrado dado que su esposa, también jueza en Ponce, fue recomendada por Pablo Colón (¿conflicto de intereses?)
Finalmente, se consigue la inhibición del juez y otra juez también inmediatamente se inhibe por conflictos de interés porque su esposo tiene contrato con el municipio. Ante está situación la vista se mueve para el 14 y 15 de marzo de 2024, asignando al juez Daniel López.
Al Dr. Luis M. Irizarry Pabón se le condicionó su candidatura a la reelección a la Alcaldía de Ponce por el PPD dependiendo del resultado de la vista a la fecha del 28 de febrero de 2024.
Ante la inesperada petición de inhibición de jueces que prolonga la fecha de la vista el alcalde pide aplazamiento al Partido Popular.
En la comparecencia del 14 y 15 de marzo de 2024 se encontró que Fiscalía, es decir el FEI, ocultó una declaración jurada de Oscar Nazario que contradice su testimonio y otra declaración jurada prestada a Justicia.
Si esa información se hubiera presentado en Regla 6 este caso pudo haber quedado sin efecto y/o resuelto con no causa.
Este caso presenta muchas faltas e incongruencias a lo que el licenciado José Andreu Fuentes ha señalado que es fabricado y a todas luces ha sido políticamente maniobrado.
Se ve lo dañino y a todas luces difamatorio al alcalde cuando uno de los testigos se apropió de dinero, donde no cuadra que él cambió un cheque de $22,500.00 y solo depositó al partido $18,000.00 y señala [y para distraer] difama a la esposa del alcalde, cosa que las fiscales repiten sin tener ninguna evidencia. Esto revela el poco profesionalismo de algunos de los fiscales del FEI.
Y para crear la apariencia de irregularidades e ilegalidades declaran que Oscar Santamaría dio dinero; cuando es público que en declaraciones hechas por el mismo Oscar Santamaría al periodista Jay Fonseca este dice que su dinero no llegó al alcalde.
Aquí vemos cómo se ha utilizado un instrumento del Estado para conseguir poder político y hacer daño. Curiosamente no hacen señalamientos a alcaldes del PNP, pero sí a alcaldes del PPD que representan 10,000 o más votos que ellos quieren agarrar sacando casos sin fundamentos.
Sin embargo, casos como el del alcalde de San Juan, el novoprogresista Miguel Romero, quien fue multado por la Oficina del Contralor por violaciones durante la campaña del 2020, pasan por debajo del radar, cuando se trata de actividades políticas no reportadas en sus informes. Además, registraron seis donativos a nombre de personas diferentes al donante real, por un total de $11,000.00, pero en este caso no se ordenan investigaciones.
En año de primarias y elecciones es necesario que el Pueblo escuche, evalúe, analice justamente y llegue a su propia conclusión.
Prensa sin censura 