(Nota del Editor: Prensa sin censura gestionó infructuosamente, mediante correos electrónicos a los publicistas del ICP, Lemil Collazo y Sheila Díaz, una entrevista telefónica con Carlos Ruiz Cortés.)
Editorial de Prensa sin censura
La Biblioteca Nacional de Puerto Rico ha enfrentado una serie de desafíos desde la promulgación de la Ley 7 de 2007, durante el mandato del Gobernador Luis Fortuño.
Esta legislación provocó la pérdida de empleados y la consiguiente reducción de puestos de trabajo en el servicio público, dejando a la institución en una situación precaria en términos de personal y capacidad operativa.
Antes de la Ley 7, la Biblioteca Nacional contaba con un equipo profesional diverso y calificado que se encargaba de tareas fundamentales, como la catalogación de materiales y la prestación de servicios de referencia.
Sin embargo, tras la implementación de esta legislación y las que le siguieron, la biblioteca se vio enfrentada a la ausencia de profesionales específicamente capacitados para estas funciones.
En lugar de contar con un Bibliotecario Catalogador y un Bibliotecario de Referencia, las responsabilidades recayeron en personal comprometido, pero sin las cualificaciones necesarias para llevar a cabo estas labores de manera eficiente.
Este cambio ha tenido un impacto significativo en la disponibilidad de servicios para el público. Por ejemplo, la Sala Eugenio María de Hostos, que solía estar abierta al público cinco días a la semana y coordinaba diversas actividades educativas y culturales relacionadas con la figura del insigne patriota, ahora solo puede ser visitada por previa cita.
Esta restricción limita el acceso del público a recursos importantes y restringe las oportunidades de aprendizaje y participación comunitaria.
Es importante destacar el valor de las colecciones y recursos que alberga la Biblioteca Nacional, incluyendo los tesoros familiares donados por la familia de Eugenio María de Hostos. Estos materiales han permitido la publicación de varios libros que han contribuido a una revisión historiográfica más completa de eventos importantes en la historia de Puerto Rico, como el Grito de Lares, así como una próxima publicación sobre Román Baldorioty de Castro.
Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor y los desafíos que enfrenta la institución, la Biblioteca Nacional ha experimentado una reducción drástica en su personal. Lo que alguna vez fue un equipo de trabajo de 15 empleados se ha reducido a solo dos, ninguno de los cuales cuenta con las calificaciones necesarias para realizar tareas críticas como la catalogación y la referencia.
En este contexto, para los empleados del ICP resulta desconcertante que la directora de la Biblioteca Nacional Carmen T. Pérez González vaya a recibir un aumento salarial, especialmente considerando que lleva poco tiempo en el cargo.
Esta situación plantea interrogantes sobre las prioridades de la administración en relación con el personal y los recursos de la institución.
Nuevamente esta falta de atención, compromiso y falta de voluntad hacia la Biblioteca Nacional recae en el director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés, cuya atención parece centrarse únicamente en actividades donde pueda figurar como centro de atención, en lugar de abordar de manera efectiva las necesidades y desafíos de la institución.
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