JAIME TORRES TORRES
Periodista y Editor
PRENSA SIN CENSURA
El 9 de febrero se celebrará en la Oficina de Alguaciles del Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de Carolina la subasta de 850 cuerdas en Piñones, Loíza, que inexplicablemente pertenecen a dos corporaciones estadounidenses y en la que parece que ni a la administración Pierluisi ni a la del ayuntamiento les interesa participar.
El precio de partida será $2 millones 890 mil y quién más ofrezca se quedará con la finca, cuya inversión inicial fue de casi $600 mil.
La documentación examinada al presente por Prensa sin censura no especifica los nombres de los titulares originales o si son terrenos que pertenecieron a la Autoridad de Tierras.
Esta noticia este medio independiente la cubrió a mediados de diciembre pasado, pero llegó fin de año y fue menester posponer su seguimiento para después de la temporada festiva.
Se trata de un paraíso costero con acceso a la playa en un área de restauración de dunas, zona de mangles, humedales y bosque costero de gran valor ecológico y rico en biodiversidad.
No se entiende cómo la finca de 850 cuerdas en Piñones terminó en manos extranjeras, como parte de la sociedad de Anthony Hurley & One World Corporation e International Investments Holdings, LTD.
El primero demandó al segundo para liquidar la propiedad en subasta pública que debía celebrarse el pasado 8 de diciembre en la Oficina de Alguaciles del Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de Carolina, pero fue pospuesta para el 9 de febrero de 2024 porque no asistieron licitadores ni tampoco hubo oferta, lo que se conoce como subasta desierta.
Las dos corporaciones buscan liquidar su sociedad en común. Semanas previas a la subasta se publicaron edictos en la prensa y se promovió en páginas de bienes raíces en las redes sociales.
El precio elemental o tipo mínimo de la subasta, según tasación, es $2 millones 890 mil. A partir de esa cantidad, quien la mejore se queda con las 850 cuerdas.
Ni el Municipio de Loíza y su alcaldesa Julia Nazario ni el gobierno central, incluso el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), han mostrado interés en que Puerto Rico retenga esos valiosos terrenos.
No se descarta que Para la Naturaleza y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico eventualmente participen de la subasta.
La finca de 850 cuerdas con acceso directo al mar está localizada entre los kilómetros 9.5 y 11.2 de la PR-187 en Piñones, Loíza.
Por la misma atraviesa parte del Paseo de Piñones y cruza entre mangles, humedales, zona boscosa y la Laguna Torrecilla.
Prensa sin censura logró acceso a los documentos de la demanda civil número CA2020CV01800, de la cual se desprende que en cumplimiento del Mandamiento de Ejecución de Sentencia se procederá a vender en pública subasta y al mejor postor, todo derecho, título e interés que tengan las partes en el inmueble de su propiedad.
Según el edicto, se trata de “la estancia denominada Juan Pérez, sita en el Barrio Montenegro de la jurisdicción de Loíza, compuesta de 850 cuerdas de terreno. Colindante al Norte, con el mar; por el Sur, con la Hacienda de Don Teodoro Chevremont; por el Este, con terrenos de la hacienda pública; y por el Oeste, con la Hacienda denominada Piñones”.
Aparece inscrita al Sistema Karibe de Loíza como finca # 57, inscripción 14 y última, con número de Catastro 042-000-009-002-008.
La sentencia ordena la liquidación de la comunidad de bienes que tienen Anthony Hurley & One World Corporation e International Investments Holdings, LTD.
“Los dueños podrán comparecer a la subasta y licitar en la misma ofreciendo como parte de su licitación el valor de su porciento de participación en el dominio del inmueble”, versa el documento.
La propiedad está libre de gravámenes según las constancias del Registro de la Propiedad.
El edicto fue expuesto por espacio de dos semanas en tres sitios públicos del municipio de Loíza; a saber la alcaldía, el Tribunal y la colecturía.
El enredo de un ‘negocio’
En 2004 Anthony Edwin Hurley pagó $295 mil por las tierras. En 2005 su compañía International Investments desembolsó otros $295 mil. En 2007 One World Corporation le compró la mitad, con la inversión de $295 mil, por lo que fueron socios de 50% cada uno.
Según documentos en mano de Prensa sin censura, “One World Corporation, una corporación registrada en Delaware y Washington DC, se formó el 3 de mayo de 2007, para operar como una sociedad de cartera de 413 acres de tierras vacías frente al mar en Puerto Rico, incluidas futuras tierras frente al mar con derechos”.
Sus oficinas están localizadas en 1776 I Street, NW, Washington, DC 20006. Mary Hicklin-Hurley aparece como la directora ejecutiva de One World Corporation. Anthony Edwin Hurley es el asesor de los directores ejecutivos de One World Corporation.
La intención original era desarrollar los terrenos como un proyecto turístico de cinco estrellas.
Según Anthony Hurley, en 2007, su socio, la demandada One World Corporation, que asesoraba, llegó a un acuerdo con Mebesa, S.A. para adquirir una propiedad frente al mar en la República Dominicana por $21 millones.
Hubo un depósito de $4 millones con la intención de efectuar una transferencia de escrituras a One World Corporation.
Los socios tuvieron diferencias y se ordenó vender la propiedad en subasta a través del Tribunal.
Cronología de hechos
En Mayo de 2009 se radicó una orden de cese y desista.
“De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito de Columbia, D.C., un tribunal federal ordenó que One World Corporation, Mary Hicklin-Hurley y Anthony Hurley cesaran y desistieran de ofrecer valores no registrados en o desde el Distrito de Columbia, en violación de D.C. Código oficial §. 31-5603,01.
Los demandados no solicitaron una audiencia dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la Orden.
Para recaudar los 4 millones de dólares iniciales para One World Corporation, los encuestados ofrecieron a los inversores un rendimiento del 100% sobre una inversión mínima de $500 mil dólares dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre.
Las inversiones propuestas fueron publicadas en el sitio web de One World Corporation, www.one-worldinc.com, y en varios periódicos, incluido el Washington Post, un rotativo cuyo mercado principal son los residentes del Distrito de Columbia.
Debido a la incapacidad para obtener los fondos, One World Corporation abandonó sus planes e ideó un nuevo plan de negocios para promover el desarrollo de la tierra de Puerto Rico a partir de las ganancias que, según Anthony Hurley, recibiría por la participación en las propiedades de desarrollo de la República Dominicana.
Se publicaron anuncios en la prensa de Arizona, en que se subrayó que los inversionistas pedían medio millón de dólares.
Partes interesadas respondieron al anuncio llamando al número de teléfono propiedad de Anthony Hurley, quien detalló la inversión y proporcionó información adicional sobre la inversión por correo electrónico, y sugirió a las personas que se comunicaron interesadas a que visitaran el sitio web de la empresa.
La Oficina de Valores del Departamento de Seguros, Valores y Banca («Oficina de Valores») inició una investigación basada en la información proporcionada por Arizona Securities.
En respuesta a las preguntas de la Oficina de Valores, confirmaron que habían intentado recaudar dinero para sus inversiones en su sitio web.
Sin documentos, los valores que ofrecieron dentro y desde el Distrito de Columbia no estaban registrados y no estaban exentos de registro.
Infracciones
De los documentos se desprende que es ilegal que una persona ofrezca o venda un valor no registrado en el Distrito.
Los demandados gestionaron inversiones para adquirir propiedades en la República Dominicana ofreciendo un rendimiento del 100% en doce meses con una inversión mínima de $500 mil dólares.
Los valores ofrecidos por los demandados no estaban registrados en el Distrito de Columbia, no estaban exentos de registro y no estaban cubiertos por el gobierno federal, por lo que hubo violaciones de ley.
El tribunal les ordenó que, junto con sus empleados, agentes, afiliados, cesionarios, sucesores y entidades asociadas, cesarán inmediatamente de ofrecer o vender valores no registrados y no exentos en el Distrito de Columbia.
La demanda en 2020
One World Corporation es dueña de una participación de un 50% del dominio del inmueble [la finca de 850 cuerdas] e International Holdings, LTD es dueña del restante 50% del dominio.
Los condueños no tienen un acuerdo de no división. Existe un acuerdo entre las partes de que al dividirse se adjudicara a la demandante la parte Este de la finca.
La demandante One World Corporation no desea continuar en la indivisión y ha solicitado a la parte demandada, por sus oficiales, para que se proceda a la división de la finca en dos parcelas iguales. La demandada se ha negado a suscribir los documentos necesarios para ello, a saber:
a. Autorizar el trámite de la preparación y aprobación de un plano de segregación e inscripción, suscribiendo los documentos necesarios para su presentación ante las agencias de gobierno pertinentes.
b. Suscribir en su día la escritura de segregación y adjudicación de las parcelas en pago de las respectivas participaciones.
La demanda de 2020 establece que el inmueble, por su naturaleza (un gran predio de terreno de 850 cuerdas, según el Registro de la Propiedad) es de por sí divisible, en este caso en dos predios de igual cabida, lo cual propone la demandante.
De los documentos se desprende que se incluyó como demandado en su carácter personal al Sr. Alberto Medina López, por ser este el único accionista de International Holdings, LTD, que es una corporación o compañía organizada y con domicilio en San Vicente y Las Granadinas, y la cual, según el mejor conocimiento de la parte demandante, no está al día en sus obligaciones con el gobierno de ese país y se le separó del Registro de Corporaciones, por lo cual se entendió menester demandar al accionista en su carácter personal.
La subasta de diciembre de 2023
Se determinó que el Alguacil del Tribunal de Carolina procediera a la venta en pública subasta, por un precio mínimo [$1 millón 890 mil] de acuerdo con la tasación que se le presentó 30 días antes de la subasta.
Se dispone que los condueños podrán comparecer a la subasta, programada ahora para el 9 de febrero, y licitar en la misma ofreciendo como parte de su licitación el valor de su porciento de participación en el dominio del inmueble.
Prensa sin censura 
Esto es increíble. A nivel federal y estatal (D.C.) se constituye ilegal, (es decir no conforme a derecho, un delito); el ofrecer tierras que no constan inscritas en el Distrito de Columbia. Ahora bien, al parecer los abogados que representan las partes de la demanda en P.R., Argumentan (infiero) que la finca es por sí divisible en dos, sin aún, haber presentado los trámites de segregación y sin constar con el visto bueno de las agencias gubernamentales concernientes y haber cumplido con los apercibimientos correspondientes. Pero ellos están seguro de que se puede segregar. Por otro lado, FEMA después del huracán María trabajó en los “nuevos” mapas de áreas inundadas en los que no se podrá construir por al menos en los próximos cien (100) años. Sólo imagino, que esta finca de la sucesión Juan Pérez, tiene un tracto y que en su origen salió de una finca más grande, y que pudo ser segregada en varias fincas incluyendo finca Juan Pérez, Chevron, Piñones etc. Creo que seguir el tracto de la finca original, pudiera ser que demuestre si ya hubo o no división de la finca matriz. Esta información puede no estar disponible aquí en Puerto Rico, pero pudiera estar en los récords de la ciudad de New York, quienes mantiene récords y datos de negocios y fincas de P.R., de hace muchos años atrás. Tal vez, por eso, los archivos de P.R., se están descuidando para ocultar la verdad de nuestro patrimonio.
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