Rhina M. Jiménez MS
Para Prensa sin censura
Los últimos días del año usualmente nos concentramos en hacer resoluciones o promesas para el año nuevo, pero poco nos ocupamos en reflexionar sobre nuestros logros y las pérdidas.
Ya sea de manera individual o como sociedad, nos resulta antipático hacer una introspección y reflexionar sobre el pasado. No nos gusta recordar lo que perdimos, las malas decisiones que tomamos o las oportunidades que dejamos pasar.
En vez de aprender de las experiencias vividas, nos empeñamos en construir un futuro irreal y sobre el cual no tenemos control. Deseamos lo que no tenemos, queremos lo que otros tienen y creemos que todo es posible. Pero no nos detenemos a analizar nuestro entorno, ni evaluamos lo que tenemos que hacer para obtener lo que anhelamos.
Si observáramos con detenimiento, podríamos darnos cuenta de que vivimos a merced del crimen y la falta de servicios esenciales. Leemos titulares a diario sobre la violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños, mujeres y ancianos. Ya tomamos como algo normal la corrupción gubernamental, los robos o la destrucción del medio ambiente. Nos molesta la falta de energía eléctrica, las escuelas abandonadas, los altos costos de vivienda y los pésimos servicios de salud, pero no nos tiramos a la calle a exigir que se cumplan nuestros derechos humanos básicos. Solo criticamos, juzgamos, nos quejamos y si el gobierno nos da alguna solución ilusoria, nos conformamos.
Una declaración de emergencia del Gobernador como respuesta a la violencia de género no compone nada. De igual forma, una orden de protección es solo un papel. Ninguna de éstas “soluciones” ha evitado que aumenten los asesinatos por causa de violencia de género o violencia intrafamiliar.
El Pueblo ya se ha acostumbrado e insensibilizado al escuchar historias de como las víctimas le dicen al Tribunal: “Yo voy a ser una estadística más, si no hacen nada para ayudarme”.
Una sentencia de cárcel para los padres que maltratan y violan a sus criaturas hasta matarlas, no es suficiente para evitar que sigan ocurriendo estos abusos. Porque vivimos en una sociedad que se indigna por actos repugnantes, pero cuando ven las señales no hacen nada al respecto. Defienden a las mujeres que “no sabían nada” cuando resulta que sus parejas violan y preñan a sus hijas. Quizás es que no pueden aceptar que hay madres negligentes y maltratantes, como en el caso de la simpática vendedora de jugos. ¿Qué podemos esperar de un Pueblo que responde a una alerta Amber diciendo: “esa se escapó con el novio”? Luego, encuentran a las adolescentes muertas y la culpa sigue siendo de las jovencitas.
Una llamada telefónica a una “línea de crisis” no va a evitar que las personas se suiciden. Quien tiene el plan de hacerlo, no se va a detener a pensarlo dos veces, mucho menos va a agarrar el teléfono para llamar a un desconocido y pedirle ayuda. Precisamente ejecuta el plan, porque ha estado en crisis, ha pedido ayuda y no se la han brindado. Porque ha habido señales de peligro y nadie se ha dado cuenta. Luego, narran las historias con pena, condenan la decisión de quienes lo hacen y los juzgan por haber tomado “el camino fácil”.
Esa línea de crisis es solo un paso adicional dentro de la burocracia que existe a la hora de pedir acceso a los servicios de salud mental. Confirma que no hay planes de prevención, ya que es prerrequisito entrar en una crisis antes de que estén dispuestos a brindar el servicio. Mientras tanto, las cifras de muertes por suicidio suben como la espuma y a nadie parece importarle.
Hemos perdido la capacidad de reconocer que nuestra sociedad vive una crisis de salud mental. Estamos arrastrando los eventos traumáticos que sufrimos sin pausa desde el 2017: huracanes, terremotos y pandemia. Desafortunadamente, en vez de reforzar los servicios de salud mental, han bajado la calidad y dificultado su acceso. Todavía tenemos los servicios de ciberterapia desregulados desde junio del 2020. Hay proveedores que no siguen los mínimos estándares éticos cuando utilizan esa modalidad, convirtiendo una buena herramienta en un arma de doble filo. Violan la privacidad de sus pacientes y dejan de cumplir con los principios de beneficiencia, justicia y autonomía. Ya ni siquiera quienes se supone que nos ayuden en una crisis, pueden hacerlo responsablemente.
El Departamento de Salud y la Oficina del Procurador del Paciente se hacen de la vista larga. Mientras, el Secretario de Salud se tardó años en escribir el reglamento para que la Ley 48 del 2020 se cumpla y sigue firmando ordenes ejecutivas para justificar su irresponsabilidad. Y ni hablar de la Junta Examinadora de Psicólogos, que ha tenido tres años y medio para establecer los requisitos que certificarían a los proveedores de ciberterapia, pero pidió tiempo adicional. Así de indiferente le resulta al gobierno atender la crisis de salud mental del Pueblo. Luego de que pasan las tragedias, de nada vale lamentarse y decir que se pudo haber evitado llamando a una línea de crisis, que lo menos que nos da es paz.
La mayor pérdida que hemos tenido en el año 2023 ha sido el acceso justo y continuo a los servicios de salud mental. Es irracional que el gobierno y sus agencias justifiquen actos violentos y muertes bajo la etiqueta trillada de “es que está loco” o “es paciente mental”. Cuando el mismo gobierno y el Departamento de Salud no han hecho nada para mejorar los servicios. Seguimos arrastrando los pies con las ciberterapias y teleconsultas desreguladas, la falta de proveedores fuera del área metropolitana, los psiquiatras que no aceptan pacientes nuevos o si lo hacen, tienen que pagar en efectivo. Y para colmo, no tenemos cómo exigir nuestros derechos como pacientes si las leyes son letra muerta, nadie sabe dónde se esconde el Secretario y las Juntas no regulan a los proveedores.
Si los deseos se hicieran realidad, yo desearía que el nuevo año 2024 nos trajera servicios de salud mental accesibles, presenciales y continuos a todos los pacientes de la Isla. Para evitar las muertes violentas, los abusos, las crisis y los suicidios.
Prensa sin censura 