Marisel Flores Carrión
ProSol-UTIER
Capítulo del ICP Parque Luis Muñoz Rivera
¿Hay algo que defina mejor el linaje cultural de un pueblo que el celoso cuidado de los documentos que narran su historia?
La actitud hacia estos refleja no solo nuestro grado de civilización, sino también la profundidad de nuestra conexión con el pasado.
Desde la perspectiva oficial, los documentos son la memoria del gobierno; desde la perspectiva personal, son la validación de los derechos individuales ante el gobierno. Para una nación, son la memoria histórica y la clave para entender el presente.
El Archivo Histórico de Puerto Rico, creado en 1919 como un baluarte contra la extranjerización cultural, ahora es solo una sombra de su grandiosidad original.
La Ley N.95 del 8 de diciembre de 1955, conocida como «Ley Para La Administración de Documentos Públicos», confió al Instituto de Cultura Puertorriqueña la tarea de conservar estos documentos. Sin embargo, después de 68 años, observamos que esta misión no se ha cumplido en los últimos 20 años, bajo distintas administraciones.
El Gobierno central, responsable de proporcionar los recursos necesarios, también ha fallado en su responsabilidad. Nuestros antepasados, con sus documentos, cavaron la trinchera para proteger nuestra identidad.
La creación del Archivo Histórico de Puerto Rico en 1919 fue el primer reducto cultural que utilizamos como atalaya contra la penetración cultural extranjera. Detuvieron el proceso de deformación cultural y marcaron el inicio de nuestra resistencia.
No estamos aquí por salarios, aunque nuestro trabajo esté despreciado. Denunciamos la falta de voluntad de la administración para abordar esta crisis. Urgimos al Gobernador Pedro Pierluisi a que designe fondos inmediatos y recursos necesarios para la restauración y preservación de nuestras fotos, películas, mapas, audios, carteles en fin todo lo que define un documento.
Esto es una obligación tanto moral como legal del gobierno, que debe ser su administrador y custodio. Nos enfrentamos a una crisis que va más allá del estado físico del edificio. Es una crisis de identidad, de respeto por nuestra historia y cultura. No dejemos que la llama de nuestra memoria se apague.
Hacemos un llamado al Gobernador para que atienda de manera responsable esta situación, restaure la confianza en que se abordará con seriedad la crisis actual y se comprometa a ser responsable en la conservación y preservación del patrimonio documental de Puerto Rico. En nuestras manos está el futuro de nuestro legado. ¡Exijamos acción! ¡Hagamos que el Gobernador escuche nuestra llamada y actúe ahora!
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