Rhina M. Jiménez MS
Periodista independiente
A pocas horas de haber sido destituida de su cargo por la Junta de Gobierno, la ahora ex rectora del RCM-UPR Dra. Ilka Ríos apareció en un programa de televisión junto a un abogado.
El propósito de su visita era informar que ella pretende denunciar a algunos docentes del RCM por alegadamente violar la ley federal FERPA, al haber hecho pública información privada de una estudiante. Ella alegó que se utilizó la información del expediente de la estudiante para iniciar una persecución en su contra y desprestigiarla, lo cual causó su destitución. No obstante, la Dra. Ríos debió repasar lo que establece la ley FERPA y su rol como rectora en toda esta situación.
La ley FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) es parte del Código de Regulaciones Federales (34 CFR Part 99). La misma otorga ciertos derechos a los padres en relación con los expedientes educativos de sus hijos. Sin embargo, una vez el estudiante cumple 18 años o asiste a una institución post secundaria a cualquier edad, el mismo se convierte en un “estudiante elegible”. En esos casos, todos los derechos en virtud de la ley FERPA se transfieren de los padres al estudiante. En general, la ley protege la privacidad del expediente académico de los estudiantes.
A pesar de todas las disposiciones en cuanto a los derechos de los estudiantes elegibles, la ley FERPA incluye muchas excepciones. Los estudiantes elegibles no tienen derecho de pedir modificaciones o correcciones que tengan que ver con calificaciones otorgadas en base de su desempeño, otras evaluaciones o decisiones disciplinarias.
Habiendo resumido las partes mas pertinentes de la ley FERPA y aplicarlas al caso de la estudiante en cuestión, podemos establecer lo siguiente: la estudiante se clasifica como “estudiante elegible” al momento de ser admitida a la Escuela de Medicina del RCM. Por lo tanto, cualquier modificación a su expediente académico debió haber sido manejado en una audiencia entre la estudiante y miembros de la institución. A pesar de ello, la Dra. Ríos hizo declaraciones a la prensa por radio, en las cuales explicó que ella había llegado a unos acuerdos con los padres de la estudiante respecto al manejo de su expediente.
En la misma entrevista radial, la Dra. Ríos compartió información que se puede utilizar para identificar a la estudiante: su género, edad al momento de ser admitida y edad actual. No conforme con eso, la Dra. Ríos procedió a justificar su decisión de cambiar las notas de la estudiante de “F” a “W” para que pudiese tener la oportunidad de proseguir sus estudios en cualquiera otra institución sin la carga de un expediente con calificaciones de fracaso.
La Dra. Ríos hizo amenazas de “acusaciones a nivel federal” hacia los docentes que tuvieron acceso al expediente de la estudiante. No obstante, ha sido ella quien ha publicado información privada con el fin de justificar sus decisiones. En todo caso quien debe sufrir las consecuencias directas, es ella misma por ordenar el cambio de las calificaciones de la estudiante. Sus acciones son anti éticas, ilegales y en contra de los derechos de todos los estudiantes, en especial de la estudiante en cuestión. Viola los reglamentos de la institución y expone un trato privilegiado hacia una estudiante en particular. Desafortunadamente, no es la primera vez que la Universidad como institución tiene un caso como éste.
Ha sido poca la visibilidad que se le ha dado, de parte de la prensa comercial, al caso de la UPR Utuado. En el año 2018,tres miembros de la administración de la UPR Utuado cambiaron las notas de varios estudiantes de “F” a “C”. Este caso es muy serio, ya que hubo una fabricación de cargos hacia el profesor que se negó a cambiar las notas de sus estudiantes fracasados. Más insólito resulta leer las declaraciones bajo juramento que hicieron algunos de los estudiantes beneficiados.Ellos confirman que, en efecto, la administración de la universidad les regaló una “C” en un curso medular para podergraduarse. La Decana de Asuntos Académicos quien ordenó el cambio de notas, no tuvo ninguna consecuencia por sus actos. Pero el profesor que se negó a cambiar las notas fue despedido.
Tenemos una Universidad en donde se bajan los estándares de calidad, se premia la mediocridad, se violan los derechos de los estudiantes, se permite la deshonestidad y la falta de ética. Donde las figuras de autoridad hacen y deshacen sin enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La Universidad está tan politizada que ni siquiera se puede recurrir a los foros judiciales para atender los asuntos, ya que todos son del mismo partido y con la misma confianza se defienden unos a otros.
Sin embargo, no todo está perdido. Aún quedan profesores que prefieren conservar su integridad antes de prestarse para cambiar notas. Todavía quedan estudiantes en pie de lucha, como los del Recinto de Ciencias Médicas. Aún con lo complicado que es interrumpir sus responsabilidades académicas, convocan a un paro para exigir lo que es justo para todos. A ellos gracias por visibilizar las injusticias, lograr cambios, retar al monstruo de la política institucional y tratar de conservar la dignidad e integridad que debe haber en cada una de las personas que componen la comunidad universitaria.
Las notas ni se cambian, ni se regalan: se sudan.
Prensa sin censura 