Intentarán rescatar a Puerto Rico del limbo colonial con el Nuevo ELA

José Luis Dalmau

Presidente del Senado

Me dirijo ante ustedes, para anunciarles que, en el día de hoy, se ha presentado un nuevo proyecto congresional que atiende el importante tema del estatus político de Puerto Rico. El proyecto de ley federal radicado, atiende los reclamos que he venido haciendo desde el año pasado, para que se realice un proceso justo y equitativo entre las diferentes fórmulas de estatus.

La medida congresional ha sido presentada por el veterano senador Roger Wicker y tiene 98 páginas.

El Proyecto integra gran parte del texto original del proyecto de la Cámara 2757 – que propulsan varios congresistas demócratas y la comisionada residente Jenniffer González – pero, a la misma vez, corrige sus enormes deficiencias. Esta medida articula un proceso balanceado de consideración de alternativas que, no solo pasan el crisol constitucional, sino que definen claramente las futuras relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La medida contiene los siguientes puntos:

Primero: la medida propone un proceso de consulta de doble ronda, el cual permitirá que la alternativa que finalmente salga victoriosa, sea aquella que obtenga una mayoría absoluta de votos. A esos efectos, la primera votación se llevará a cabo el 4 de agosto de 2024; y, en ella, se presentará ante el electorado, una papeleta con cuatro alternativas: la estadidad, la independencia, la soberanía en libre asociación y una nueva definición del Estrado Libre Asociado.

Segundo: en caso de que ninguna de las alternativas alcance una mayoría absoluta de votos en la primera ronda; es decir, el cincuenta más uno (50 + 1) de los votos emitidos, se celebrará una segunda vuelta de votación el 16 de marzo de 2025, entre las dos opciones que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera consulta.

Tercero: como parte de la medida, se incorpora una nueva definición del Estado Libre Asociado, que recoge, expresamente, el texto que sometí ante el liderato congresional desde el pasado mes de julio. Este hecho, constituye la primera vez en 34 años que el Estado Libre Asociado aparece formalmente en un proyecto de ley presentado en el Senado federal con una definición que establece claramente un mecanismo de objeción a la aplicación de ciertas leyes federales que invadan áreas de autogobierno de Puerto Rico, nuestra autonomía fiscal o nuestra identidad nacional.

El nuevo ELA que propuse y que ha sido acogido textualmente, será un pacto de asociación política que estará basada en cuatro (4) pilares de común acuerdo:

(1) El nuevo ELA será un pacto formal y suscrito entre ambos pueblos, y tendrá el carácter de una relación permanente. El acuerdo establecerá -como política pública de los Estados Unidos- que cualquier modificación a la relación será aprobada por el pueblo de Puerto Rico mediante referéndum.

(2) La ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Puerto Rico estará garantizada y protegida; y los derechos asociados con esa ciudadanía, serán iguales a las protecciones y derechos de los ciudadanos americanos nacidos en los Estados Unidos.

(3) Las leyes y programas federales se aplicarán al Estado Libre Asociado de la misma forma que al presente. No obstante, si el gobierno de Puerto Rico determina que la promulgación de una ley federal o una disposición específica de un estatuto o reglamento de los Estados Unidos modifica o afecta los poderes reconocidos al pueblo de Puerto Rico con respecto a su gobierno propio, su autonomía fiscal o nuestra identidad cultural, el gobierno de Puerto Rico podrá reclamar una exención de la aplicación de dicha normativa, a través de un mecanismo de objeción y mediación acelerada que resolverá dichos reclamos. Ese mecanismo será parte de la negociación del comité bilateral que crea el propio estatuto.

(4) El pacto y su mecanismo de protección de poderes reconocidos, sustituirá las disposiciones correspondientes de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, lo que dará por terminada la aplicación indiscriminada de leyes federales que pueden modificar, unilateralmente, la naturaleza de la relación de autonomía política. Este cambio atiende y resuelve el problema de sujeción política que se ha planteado desde el mismo origen de nuestra relación.

Como señalé en julio pasado, esta definición es el resultado de múltiples conversaciones y análisis legales que hemos realizado; y, ese texto, atiende, como respuesta pragmática, nuestra realidad innegable de que somos una nación latinoamericana y caribeña, que, a la misma vez, estamos asociados y somos ciudadanos de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, el alcance del nuevo ELA, atiende varios planteamientos que se han hecho por años. Por un lado, finalmente se establece un pacto formal que dejaría sin efecto la sección correspondiente de la Ley de Relaciones Federales, que ha sido utilizada por el Congreso para legislar unilateralmente sobre Puerto Rico. Este hecho jurídico, deja atrás el argumento de que el ELA siempre estará subordinado a los poderes del Congreso. Bajo esta nueva definición, el marco de acción de autonomía política será tan amplio como acuerden las partes.

Asimismo, esta definición crea un mecanismo novel de protección contra aquella legislación federal que pretenda usurpar poderes ya reconocidos a Puerto Rico como el gobierno propio, la autonomía fiscal y la identidad cultural. En otras palabras, bajo estas nuevas normas, la imposición de una Junta de Control Fiscal con poderes sobre el gobierno electo, no podría ser posible sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico.

De igual forma, el nuevo ELA protege la ciudadanía americana por nacimiento, y los derechos y prerrogativas que de ella emanan. También garantiza la participación de los puertorriqueños en programa federales, protegiendo los fondos de salud, educación y vivienda, así como las becas para nuestros jóvenes.

En cuanto a la opción de la estadidad, el proyecto congresional dispone varios requisitos de admisión y contrario a lo expresado por el liderato estadista, el proceso de anexión no será autoejecutable. Bajo esta medida, de ganar esa fórmula de estatus, el Congreso ordenará un estudio para asegurarse que el nuevo estado cumpla con los siguientes requisitos:

(1) Que el resultado de la votación refleje “una mayoría suficientemente estable” de manera que el mandato de una consulta no cambie de tiempo en tiempo, creando un alto grado de incertidumbre. Eso, en palabras sencillas, es el requisito de una super mayoría.

(2) Además, a la opción de la estadidad, se le requerirá que se certifiquen los ingresos del nuevo estado para poder asumir los costos de operación del gobierno y cumplir con las obligaciones de pago de la deuda reestructurada. Este paso es necesario porque una vez se incrementen las contribuciones federales a los ciudadanos y a las empresas, es necesario que las tasas contributivas locales se reduzcan de forma que el impacto contributivo no disloque la economía. Esa reducción tendría el efecto de reducir los recursos del fondo general que es lo que financia el pago de nómina de los empleados públicos y las obligaciones del pago de la deuda pública.

(3) Asimismo, de Puerto Rico convertirse en estado, el proyecto dispone que las contribuciones federales aplicarán en su totalidad y de forma inmediata. Ese lenguaje categórico, tira por la borda el argumento del gobernador quien afirmo que es posible que, una vez Puerto Rico se convierta en estado, el pago de las contribuciones federales aplicaría de forma gradual dentro de un periodo indefinido. Esa teoría, en este proyecto, queda desmentida.

(4) Como si fuera poco, el proyecto levanta interrogantes sobre el tema del idioma y ordena de forma inequívoca que una vez Puerto Rico se convierta en estado, se aplicará a la isla inmediatamente las disposiciones de la ley federal que establece la existencia exclusiva de un solo Comité Olímpico de los Estados Unidos.

Eso significa inequívocamente que, bajo la estadidad, desaparecerá de un plumazo el Comité Olímpico de Puerto Rico, nuestra autonomía olímpica y participación internacional.

En cuanto a las opciones de la independencia y la soberanía en libre asociación, en este proyecto – al igual que en el proyecto HR 2757 – se reafirma que, bajo ambas opciones, se pierde la ciudadanía americana por nacimiento en fecha cierta; y. además, confirma la eliminación de la totalidad de los fondos federales en una década. La reducción se mantiene a razón de un 10% hasta su desaparición.

En resumen, esta medida, le habla con claridad al pueblo de Puerto Rico; le presenta las verdaderas consecuencias de cada una de las fórmulas de estatus y coloca a los electores frente a escenarios ciertos y no fantasiosos. Esa es la forma correcta e informada de realizar una votación que tenga validez y legitimidad.

Finalmente, debo señalar, que la mera radicación de este proyecto en el Senado federal, cambia el escenario electoral futuro. El liderato del PNP ha expresado que ellos habrán de convocar una consulta de estatus usando las disposiciones de ley 165-2020. Esa ley, permite que el Primer Ejecutivo convoque una consulta de estatus mediante una Orden Ejecutiva y sin intervención de la Rama Legislativa.

Pero ahora el juego cambia porque la propia ley 165 que aprobó el partido gobierno en diciembre del 2020, establece claramente que en caso de que el gobernador pretenda convocar una consulta de estatus local mediante Orden Ejecutiva, la misma deberá incluir las definiciones de estatus que estén presentes en “cualquier propuesta radicada o aprobada en uno o ambos cuerpos legislativos del Congreso.”

Eso significa que, con la mera radicación de este proyecto, cualquier convocatoria y referido del gobernador a la Comisión Estatal de Elecciones para el diseño de las papeletas, deberá incluir todas las alternativas que están sometidas ante el Congreso, incluyendo al Estado Libre Asociado. Por consiguiente, si el gobernador pretende convocar una consulta local ignorando su propia ley, este Senado ejercerá todas sus facultades constitucionales para hacer valer los derechos de todos los electores que puedan ser excluidos de una votación. Hoy ha ganado la democracia y nuestro deber es defenderla.