La sociedad como cómplice del maltrato a menores

Por Rhina M. Jiménez M.S.

En meses recientes, hemos sido testigos de varios casos de maltrato a menores, que por su notoriedad o particularidades han acaparado titulares noticiosos.

Hemos escuchado o leído sobre el caso de las adolescentes asesinadas en Piñones, la niña de 13 años llevada sin vida al hospital por su alegada pareja o el macabro caso de la niña de 15 años quien parió un bebé producto de una violación de parte de su padre cuando tenía 13 años.

De igual forma, la semana pasada empezó el proceso judicial en contra de una pareja a la cual se le acusa de la muerte de una niña de 2 años, debido a un patrón de violación y maltrato de parte de sus padres. Tanto ha sido el impacto mediático de todos estos casos y muchos otros que no son públicos, que algunos legisladores han estado impulsando una declaración de emergencia debido a los numerosos casos de maltrato hacia los menores. Obviamente, nuestro pueblo sufre al conocer sobre estos casos, pues son de naturaleza violenta, deshumanizante y asquerosa.

Sin embargo, muchos de los que se indignan, directa o indirectamente son parte del problema ya que existe cierta complicidad entre los perpetradores y la sociedad. Ya sea por comisión o por omisión de acciones que podrían afectar directamente a las víctimas. Cuando escuchamos o leemos versiones de familiares o vecinos de las víctimas es común encontrarnos con expresiones en las cuales se normalizan ciertos comportamientos.

A veces se le adjudica a la víctima, independientemente de su edad, la responsabilidad de verbalizar su situación o pedir ayuda. Frases como “ella nunca dijo nada”, “nunca vimos nada raro”, “ellos nunca salen de la casa” son ejemplo de la insensibilidad o la falta de atención que tienen algunas personas hacia su entorno. En palabras más sencillas: estos eventos pasan bajo las narices de la gente que se indigna, pero a su vez, nunca hicieron nada para evitarlo. Nuestro pueblo padece del “ay bendito” cuando alguien está en problemas y por querer “ayudar” al familiar, amigo o vecino, perpetúan el sufrimiento de un menor que está siendo abusado. Quizás en parte porque normalizamos o no entendemos como sociedad lo que constituye el maltrato a un menor.

Según la Ley 57 (2023) “Ley para la prevención del maltrato, preservación de la unidad familiar y para la seguridad, bienestar y protección de los menores”, el maltrato se define como sigue: La acción u omisión intencional del encargado de un menor que ocasione daño o ponga en riesgo su salud física, mental o emocional. Esto incluye, pero no se limita a las acciones de abandono, explotación, abuso sexual, trata humana o negligencia. La forma más común de maltrato y la menos que las personas reconocen, es la negligencia. La misma consiste en no proveer alimentos, ropa, albergue, educación, atención en salud y pobre supervisión.

El maltrato a menores puede surgir de un individuo o de instituciones, públicas o privadas, en esos casos la ley provee disposiciones para atender el maltrato o negligencia institucional. Aunque la ley es específica al definir lo que constituye maltrato, solo quienes lo hemos sobrevivido tenemos una idea clara y real de como se siente y sus consecuencias.

Lo peor de haber sido víctima de maltrato de parte de mi madre es el entender que se pudo haber evitado con la intervención temprana de familiares, vecinos o miembros de la comunidad escolar. Aunque a finales de la década de los ochenta, la crianza era más punitiva y la concienciación sobre el maltrato a menores era casi nulo, nada justificaba la inacción de los adultos en mi entorno. Nadie levantó alguna bandera que avisara a las autoridades que mi vida y la de mis hermanos corría peligro. Hubo un periodo de tiempo antes de que nos removieran de su hogar, durante el cual yo visiblemente necesitaba ayuda. No ha de ser normal que una menor de edad frecuentara farmacias comprando medicamentos controlados sin receta. Tampoco era normal pasar por las calles del barrio pidiendo dinero prestado a los vecinos o conocidos.

A los 10 años estar encargada de mis hermanos menores, de las tareas del hogar, tener un patrón de ausentismo en la escuela, bajo peso y mal aseo. Ella por su parte, desaparecía por días y cuando volvía estaba drogada o con síntomas de retirada. Todos los vecinos y algunos familiares sabían lo que había. Gracias al proceso de divorcio del papá de mi hermano y su insistencia en mantener su custodia, fue que se inició la investigación pertinente.

Antes de eso, nadie vio nada, nadie sabía nada y algunos de la familia decían que ella no tenía ningún problema. Todas esas personas nos fallaron, a mis hermanos y a mi madre maltratante quien quizás, con una intervención temprana, hubiese podido recuperarnos o recuperarse a ella misma.

Hoy día se supone que las personas no se queden calladas, ni siquiera cuando exista una simple sospecha de maltrato. La ley actual de maltrato a menores dispone en su artículo 6 que tenemos la obligación ciudadana de informar. También asegura que la identidad del informante se mantendrá confidencial. Por lo tanto, si uno observa a un menor comprando drogas, mal aseado, aislado en su casa, niñas bajo la edad de consentir viviendo en pareja con adultos, embarazadas o con marcas de golpes, es obligatorio bajo la ley informar a las agencias correspondientes.

Sin embargo, la responsabilidad no es exclusiva de los individuos ya que las instituciones como las escuelas y hospitales incurrirían en maltrato o negligencia institucional si no informan.

Existen remedios bajo la ley para poder facilitar órdenes de protección para los menores que sean víctimas de maltrato. En esencia cualquier persona, padres, familiares, personal de escuela, Depto. de la Familia, trabajadores sociales, vecinos, líderes recreativos o espirituales; todos pueden solicitar una orden de protección en representación del menor.

Sin embargo, aunque la ley es bastante clara y en favor del bienestar de los menores, los miembros de la sociedad y hasta el gobierno les dan la espalda. Basta con tomar de ejemplo los tres años de pandemia: escuelas cerradas, servicios de comedores escolares inaccesibles, servicios terapéuticos o de salud mental a control remoto, aislamiento físico y social. ¿Cómo se supone que alguien se percate de lo que pasa en la privacidad de un hogar cuando un menor no puede salir, expresarse, ser visto, interrogado y escuchado? Quienes se sorprendan de que ahora estén surgiendo muchos más casos de violencia intrafamiliar post-pandemia, son parte del problema.

También fallan aquellos que se indignan cuando los hijos adultos abandonan a sus padres maltratantes, pero mientras fueron niños, no los defendieron ni intercedieron por ellos.

Es muy indignante, luego de que uno es víctima de maltrato, que la sociedad pretenda que uno se haga cargo de sus maltratantes durante su vejez. A mí me pasó, afortunadamente la sentencia del tribunal fue clara en los años ochenta y fue vigente hasta mi adultez. Así de ignorantes, injustos e inhumanos son. Desafortunadamente, no todos los adultos que fueron maltratados de niños tienen un documento del tribunal que los inhiba de cumplir responsabilidades que no les tocan.

Necesitamos tener una sociedad más consciente, que defienda los derechos y la vida de los menores, sin revictimizarlos. Donde la gente tenga la misma sed de justicia para denunciar primero a los abusadores de menores, en vez de linchar a los hijos que abandonan a sus padres o familiares. Nadie sabe las razones, nadie debe juzgarlos. Los menores son víctimas inherentemente inocentes y los adultos cosechan lo que ya sembraron.