Comunicado
A la luz de la determinación del Tribunal de Primera Instancia, en donde se desestima la demanda incoada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para que se eliminara la prohibición de la coligación electoral, estas son las expresiones del Secretario General del PIP, Juan Dalmau Ramírez:
“La determinación del Tribunal de Primera Instancia es un grave error judicial. El determinarse de forma absoluta que la Asamblea Legislativa tiene facultad para establecer cualquier criterio de participación electoral sin que eso este sujeto a revisión judicial, cuando afecta derechos constitucionales, es contrario a la jurisprudencia vigente y, además, es una renuncia de la facultad que tiene la Rama Judicial para evaluar la corrección o incorreción de las acciones de las demás ramas con respecto a la Constitución.
La determinación del Tribunal de Primera Instancia, por ejemplo, podría llevar al absurdo de que, si la Legislatura determina que no puede haber mujeres que participen como candidatas en una papeleta electoral, que por tratarse de una determinación Legislativa es cuestión política y los tribunales no pueden intervenir, aun cuando es evidente que menoscaba derechos constitucionales de la ciudadanía. Así mismo podría llegarse al absurdo de otros criterios discriminatorios por razón de raza, o por razón de ideología política, por mencionar otros dos ejemplos.
Por lo tanto, esta determinación es una que constituye un enorme peligro para las protecciones constitucionales a la libertad de asociación y de libertad de expresión electoral de la ciudadanía.
Próximamente, los abogados del PIP y MVC se reunirán para determinar las acciones a seguir, las cuales, como se ha hecho en el pasado en este pleito se llevarán a cabo de manera consensuada entre ambas organizaciones.”
Prensa sin censura 
Esa determinación judicial es incorrecta.
Es la Rama Judicial, por determinación constitucional, quién tiene la facultad de adjudicar reclamos de violaciones de derechos constitucionales. Cumplan los deberes de su cargo, y adjudiquen el reclamo.
Lo que han hecho no es adjudicar, es «zapatearse», y eso abona a la pérdida del pueblo, de la confianza en sus instituciones. Y cuando eso pasa, la pérdida para la institución es mayor, que la pérdida para las partes en el caso. CUIDADO!
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Gracias por el comentario
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Cuándo entenderemos que Puerto Rico es una colonia, que su gobierno es colonial, que sus tribunales son coloniales, que sus elecciones también lo son. El gobierno colonial y todas sus dependencias son en realidad los administradores de la colonia y defienden los intereses de los Invasores estadounidenses. En última instancia todo en Puerto Rico es controlado por el gobierno estadounidense, incluyendo el estado de derecho y las elecciones coloniales. Lo primero que tenemos que hacer es no reconocer la autoridad colonial.
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