SAN JUAN-Hispanic Federation y comunidades impactadas por los alquileres a corto plazo celebraron que el Senado de Puerto Rico escuchó los reclamos del pueblo al derrotar el Proyecto de la Cámara 1557 (PC 1557), que pretendía regular los Alquileres a Corto Plazo (ACP) en Puerto Rico sin proteger el derecho a la vivienda y la permanencia de las comunidades.
A pesar del informe positivo de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo del Senado, el PC 1557 fue derrotado por este cuerpo legislativo dada la presión pública recibida durante los pasados meses por parte de comunidades y otros grupos quienes consideran que regulaba los ACP de manera insuficiente y que le daba rienda suelta a la proliferación desmedida de los ACP en el país. La Comisión tuvo ante sí varias ponencias, estudios, y comentarios que señalaban los impactos negativos de los ACP, las deficiencias del PC 1557 y recomendaciones contundentes para atenderlas, sin embargo, no adoptaron cambios que atendieran dichos impactos y deficiencias.
Durante estos días, como en varias ocasiones de los meses anteriores, un grupo diverso y nutrido de vecinos de las comunidades afectadas por los ACP y grupos y asociaciones aliadas se dieron cita en el Senado y cumplieron con su deber cívico de trabajar para lograr que sus preocupaciones fueran atendidas por la legislatura.
“Afortunadamente nuestros esfuerzos y los de las comunidades lograron que el Senado derrotara este proyecto que, a todas luces, era insuficiente. Agradecemos a las y los Senadores quienes usaron su plataforma para elevar las preocupaciones de las comunidades y votaron en contra del proyecto. Hay mucho camino por recorrer, pero podemos anotar esto como una victoria para las comunidades. Presentaremos nuestras propuestas durante la próxima sesión legislativa para promover una regulación justa y balanceada de los ACP en el archipiélago”, dijo Charlotte Gossett-Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.
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“La lucha comunitaria rinde frutos. Proyectos como el PC 1557, pretenden regular una actividad económica, pero en la práctica hacen todo lo contrario, legitimar la desregulación. Afortunadamente, pudimos detener este proyecto, pero sépase que vamos a continuar la lucha para hacerle justicia a todas las comunidades en Puerto Rico, sobre todo a nuestros condominios de uso residencial”, afirmó Ivette M. Pérez Reilova, de la Asociación de Titulares de Condominios.
“Llevamos meses trabajando con este proyecto de ley para lograr una regulación justa de los ACP, que tanto daño han hecho a nuestras comunidades. El sector económico de los ACP es uno creciente y urge regularlo adecuadamente. Nos alegramos de la derrota de este proyecto de ley que fue hecho a la medida de ese sector económico, y tenemos la esperanza de en el futuro se promueva una regulación que proteja la cohesión comunitaria, así como el derecho de las comunidades a permanecer. No vamos a descansar hasta que esto suceda”, indicó Janice Petrovich Beiso, de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan.
“Nuestra comunidad es una de carácter exclusivamente residencial y ha sido invadida por los ACP. Aun cuando entendemos que es necesario regular este sector económico, este proyecto era totalmente insuficiente y nos alegra se haya derrotado. Nuestra comunidad abogó por cambios sustanciales, que fueron totalmente desatendidos. Esperamos que, en un futuro no tan lejano, se proponga una legislación que atienda todas las preocupaciones que hemos presentado. Las cosas se hacen bien, o no se hacen, siempre procurando el bienestar de los ciudadanos,” sentenció Yvette Díaz Marchán, residente de la Urbanización Villa Dos Pinos en San Juan.
“Debemos mantenernos alertas y seguir trabajando en promover políticas públicas que defiendan el derecho a la vivienda y a la permanencia de las comunidades, no solo con relación a la regulación efectiva y balanceada de los ACP, sino también de protecciones para los arrendatarios, y el desarrollo de vivienda asequible para nuestra gente. Nuestras comunidades han sufrido en carne propia los efectos del desplazamiento que han venido de la mano con los ACP. Lo sucedido durante en el Senado, es un ejemplo claro del poder de las comunidades que luchan por permanecer”, afirmó Mariana Reyes Angleró, directora ejecutiva de Taller Comunidad La Goyco en la Calle Loízaen San Juan.
Las comunidades y organizaciones aliadas permanecerán activas para defender el bienestar de todos los que viven en Puerto Rico.
Información de Trasfondo:
En febrero de este año, Hispanic Federation publicó un informe Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos de corto plazo en el desplazamiento de las comunidades realizado por El Enjambre. El informe contiene una investigación participativa para auscultar la posición de distintos sectores y grupos de interés sobre este asunto. El informe reconoce que, si bien es cierto que hay algunos beneficios económicos de los arrendamientos a corto plazo para las comunidades, la falta de regulación robusta ha permitido la proliferación de impactos secundarios significativos que atentan contra la vivienda asequible, calidad de vida y derecho de permanecer de las comunidades. El informe también presenta hallazgos y recomendaciones que recogen las ideas, sugerencias y reflexiones vertidas por los participantes durante las entrevistas y sesiones comunitarias llevadas a cabo.
De igual manera, durante el mes de marzo, se realizó el encuentro Nos Quedamos: Alternativas Justas para Regular los Alquileres a Corto Plazo, una colaboración entre Hispanic Federation, El Enjambre Colectivo, y la Universidad de Puerto Rico-Escuela Graduada de Planificación, donde incluso grupos comunitarios y funcionarios gubernamentales de otras jurisdicciones como Nueva Orleans y Nueva York, compartieron sus experiencias exitosas en la regulación de los ACP.
El pasado mes de abril, cuando el Senado de Puerto Rico se propuso pasar el PC 1557 por descargue y sin vistas públicas, fueron las comunidades quienes forzaron que se devolviera a Comisión. Esto, con la esperanza de que la legislatura cumpliría con su responsabilidad de celebrar vistas públicas y armonizar las oportunidades económicas del negocio de los ACP con la necesidad de proteger la vivienda asequible y calidad de vida de las comunidades.
Sin embargo, estas mismas comunidades reclaman que, aunque muchas de ellas y varios expertos en el tema solicitaron turnos, la Comisión celebró sola una vista pública con pocos invitados a participar. Además, solo dos de los catorce miembros de la Comisión estuvieron presentes durante la vista.
Hoy celebran.
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