En enero pasado, la empresa dueña del proyecto minero informó que Guatemala le otorgó el permiso. Hoy, el Ministerio de Medio Ambiente lo revocó y presentó una denuncia adicional en contra del exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental de Recursos Naturales para deducir responsabilidades
Publicado por La Prensa Gráfica
Las autoridades de Guatemala informaron, la mañana de este pasado sábado 15 de junio, la decisión de no otorgar la licencia ambiental a la empresa canadiense Bluestone Resources Inc., dueña del proyecto, para operar a cielo abierto la mina de oro Cerro Blanco.
«La licencia ambiental debe enmendarse. La empresa debe solicitar a este ministerio la evaluación de un nuevo estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de explotación a cielo abierto», sentenciaron.
En un comunicado emitido el 18 de enero pasado, publicado en su página web, Bluestone informó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) del país centroamericano aprobó modificar el permiso ambiental para el proyecto que le permitía cambiar el método de minería de desarrollo subterráneo a un desarrollo a cielo abierto.
Las autoridades de Guatemala añadieron que por el mismo caso el Ministerio de Ambiente presentó una denuncia adicional en contra del exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental de Recursos Naturales, debido a que fue durante su mandato que ocurrieron las anomalías y es necesario deducir responsabilidades. «Esta persona ya no labora en el ministerio», sentenciaron.
En febrero de 2022, la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) afirmó, en un comunicado, que los cambios solicitados por Bluestone «van desde procesar 1,000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en un túnel de 73.4 kilómetros a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 metros y 1,200metros de largo».
Impactos del proyecto
El proyecto minero guatemalteco Cerro Blanco podría afectar a más de tres millones de salvadoreños en el acceso a bienes hídricos y naturales, según han denunciado diferentes organizaciones.
ACAFREMIN es una de las organizaciones ambientalistas que han asegurado, en varias ocasiones, que la mina Cerro Blanco representa un riesgo no solo para Guatemala, también para El Salvador.
El proyecto está ubicado a 14 kilómetros del territorio salvadoreño, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Los ambientalistas han señalado que la mina vertirá residuos en el río Ostúa, que linda con el lago de Güija y el río Angue de Metapán, los cuales desembocan en el río Lempa, el principal afluente del país.
A las advertencias también se ha sumado la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien sostuvo que «esto sin duda es el eco de nuestra postura y la de las organizaciones salvadoreñas y guatemaltecas que defienden el medio ambiente», a través de su centa de X.
La organización agregó que han «insistido constantemente en los impactos que trae la minería y como afecta directamente los derechos de la población, tales como el derecho humano al agua. Aunque esta decisión es un avance significativo, instamos a la adopción de medidas más firmes para prohibir permanentemente la minería en Guatemala y en la región. Y en El Salvador a no permitir su retorno».
Por último, FESPAD mencionó que esperan que el Gobierno de Guatemala también revoque la licencia de explotación minera subterránea e hizo el llamado a que el Gobierno salvadoreño active el Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional «con el propósito de promover acuerdos binacionales para la protección de cuencas compartidas, como lo mandata el Art. 33 y 34 de la Ley General de Recursos Hídricos».
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